El Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores dispuso para el 6 de octubre la audiencia preliminar del juicio oral para los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes al joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en enero de 2020, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la audiencia de carácter técnico, conocida como del artículo 338, donde las partes se reúnen para depurar las pruebas y testigos que se exhibirán o citarán en las audiencias del juicio.

En la notificación –a la que accedió la agencia Télam-, el TOC 1, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, indicó que la audiencia se iniciará a las 11 de ese día en la sede de ese tribunal situado en la calle Rico 65, de Dolores, y tendrá carácter “semipresencial”, debido a los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus.

Los jueces decidieron que las “partes técnicas”, esto es los jueces, secretarios, el fiscal de juicio Juan Manuel Dávila, y los abogados de las partes –Fernando Burlando y Fabián Améndola, como representantes de la familia de la víctima, y Hugo Tomei, como defensor de los acusados-, deberán asistir de manera presencial pero los ocho rugbiers no serán trasladados y verán la audiencia desde el penal “en forma remota, mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams”.

En otro punto de la resolución, el TOC 1 exhortó a las partes “a celebrar en forma conjunta –en la medida de lo posible-, acuerdos probatorios centrando el objeto del juicio de manera tal de evitar reproducción de prueba superabundante o superflua, con el correspondiente dispendio jurisdiccional que ello trae aparejado”.

De acuerdo a la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).

Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero.

En el juicio se debatirán además las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En el marco de la investigación del homicidio, fueron sobreseídos otros dos jóvenes, acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).

De acuerdo a la instrucción del caso, el crimen de Fernando se produjo “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de Gesell”.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.

Precisó además que “luego de su cometido”, los rugbiers “se dieron a la fuga del lugar, pretendiendo lograr su impunidad, habiendo sido aprehendidos por personal policial en las inmediaciones del lugar de los hechos”.

Tras la elevación a juicio, los imputados renunciaron a la posibilidad de ser sometidos a un juicio por jurados, porque consideraron que no era posible conformar un tribunal ciudadano que no estuviera condicionado, debido a “la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios.